La lucha contra la violencia de género no tiene por qué
generar otro tipo de violencia de género, porque su esencia se menoscaba, tanto
como su legitimidad social y política.
Los hombres y las mujeres son diferentes, no son iguales. Hemos vivido durante décadas en una cultura patriarcal en la que predomina el hombre, quien se ha impuesto a la mujer; incluyendo una sistemática e impermisible agresión tanto verbal como física. También el patriarcado ha degenerado en situaciones de desventaja económica, social y política.
Sin embargo, y aunque la búsqueda del equilibrio y la justicia aún subsisten, también es posible reconocer notables avances en países como Costa Rica. Los partidos políticos hoy buscan proponer en igualdad de condiciones tanto a hombres como a mujeres en los puestos de elección popular de mayor jerarquía, aunque en los trabajos se siga pagando menos –por trabajos similares- a las mujeres. En lo cultural ellas tienen amplias, libres y esplendorosas manifestaciones en las artes, el teatro, la literatura y el cine, por citar algunas. No obstante, aún hay menos publicaciones de escritoras y menos puestos de dirección; algunas son excelentes actrices, pero rara vez encontramos directoras de teatro, por ejemplo.
En el aspecto social es donde más dificultades encontramos, porque la conformación de una identidad femenina, independiente y que se haga a sí misma, aún está por verse en muchos aspectos. Podríamos decir que estamos en un período de transición. ¿Qué es una mujer en la actualidad? Más aún, ¿quién es una mujer, qué la caracteriza, la define, la sintetiza y le da su id natural? ¿Es la mujer la que define el feminismo moderado o el radical, la que se define a sí misma sin influencias ideológicas o teóricas, la que se sustenta en los valores sociales de siempre o la que redefine los valores a su conciencia? ¿Es la mujer la que se construye a sí misma o la que busca adquirir antiguos poderes del macho? Son muchas preguntas, todas ellas en discusión.
En Costa Rica muchas leyes han dado pasos de notable relevancia en la protección de la mujer con respecto a los hombres que preservan las detestables conductas del machismo retrógrado. También se han realizado conquistas en el campo de la protección de la niñez. Hablo de la Ley de Pensiones, de la Ley de Paternidad Responsable y por supuesto de la Ley de Violencia Doméstica. También se trabaja en prevención, educación y concientización sobre el problema. Pero sé también que aún falta por hacer.
Sin embargo, una Ley que proteja de la agresión a las mujeres no puede, de ninguna manera, pretender producir agresiones hacia los hombres como efectos secundarios o colaterales; es como crear una cura que genera otra enfermedad, y me temo que en la nueva Ley de Violencia Doméstica nos encontramos con esta situación, principalmente en lo que ha deparado su aplicación en nuestro país. Una nueva forma de injusticia se está generando y cada día más personas, hombres y mujeres, la están reconociendo, como se reconoce cuando el río suena.
En el “Día Internacional de la no violencia contra la mujer” la magistrada Zarela Villanueva reveló datos que nos deben llevar a reflexión: el casi 70% de las denuncias por violencia doméstica se quedan en nada, ni los tribunales ni la demandante hacen nada por darle seguimiento. Si a ese porcentaje le sumamos el 16% de casos sobreseídos, el total llega a un 86% de denuncias que acumulan archivos sin efecto alguno. En el 14% hay condenas, unas de culpa, otras no. Cuántos casos son en números absolutos es un dato que no fue aportado, pero podrían ser miles en todo el país. Ahora bien, las autoridades dan esta noticia con decepción, porque presumen que de esos 70% de casos todos o la mayoría son culpables. A ojo de tigre, de la manera menos científica y lógica, se presume culpabilidad sin el principio básico del Derecho de que antes se debe demostrar. En efecto, la Ley fue creada con esa presunción muy curiosa y que la Sala IV ha permitido: cuando un hombre es denunciado automáticamente recibe medidas cautelares, sin prueba alguna, solamente con el testimonio o la denuncia de la mujer. Aquí no hay testimonio masculino que valga, ni pruebas, porque ya fue condenado: su expediente, su honra e incluso su dignidad ya fue mancillada. Y también su futuro político y profesional cuando se trata de una persona seria y comprometida.
Entonces nos podríamos preguntar, ¿existe una estadística que demuestre cuántas de esas denuncias eran reales y cuántas inventadas para hacerle daño al hombre como revancha por otros casos ajenos a la agresión? Y más aún, pregunta de oro: ¿tiene oportunidad el hombre de limpiar su nombre y su dignidad en caso de una agresión no demostrada o falsa, es decir, tiene la ley un mecanismo para evitar que esa ley sea usada por oprobiosas intenciones? Así como se ha aplicado, parece que no. Este principio de aplicación de la justicia se me revela, a todas luces, como injusto y claramente inconstitucional, aunque no sea bien visto o políticamente incorrecto, y aunque muchos lo piensen, ningún político se atreva a decirlo, ni siquiera pensarlo.
Asimismo, la aplicación de la justicia deja mucho que desear en sus procedimientos y en varias situaciones que han venido provocando cada vez más:
1. La mujer, por decisión de muchos años, le otorga
a la mujer un abogado de oficio, tanto en casos de violencia doméstica como de
pensión alimentaria, pero no al hombre, aunque sea pobre e ignorante, dejándolo
en total indefensión.
2.
Cuando existe una medida cautelar y el hombre se
acerca de nuevo a la casa, a recoger o visitar a sus hijos, está expuesto a la
trampa de recibir la visita de una patrulla y ser detenido al frente de sus
hijos, humillado y expuesto al escrutinio comunal, como si fuera peor que un
delincuente, aunque el hombre no haya ni siquiera mencionado una palabra
ofensiva. La razón: violó las medidas cautelares que nunca fueron retiradas por
desidia y conveniencia. En la perrera él ya va perdiendo toda dignidad y
respeto ante sus hijos.
3.
La Ley de Violencia Doméstica no protege a los
menores del abuso, ni de sus padres ni de sus madres, ellos pasan a un segundo
plano y son confinados a convertirse en números o elementos dentro del sistema.
Ellos terminan siendo las peores víctimas de una sola decisión: culpar a un
inocente porque la ley se lo permite a una mujer, con solo su testimonio y en
la total indefensión del sistema judicial, que ni siquiera ayuda legal le da al
hombre solamente por su sexo. El hombre en esta circunstancia no solo se siente
imposibilitado de defenderse a sí mismo, sino de defender a sus hijos de la
agresión, del abuso, del abandono y de la manipulación de sus madres;
manipulación que todos saben se traduce en usarlos como útiles para vengarse
del padre, negándoselos o condicionando a pagos abusivos (económicos y morales)
el derecho a verlos. Pedir un régimen de visitas se puede volver engorroso y
puede enfrentarse a dificultades por su presunto pasado agresor.
4.
La última ampliación a esta ley en la que se
confiere de 6 meses a 4 años de cárcel al hombre que ofenda de palabra a su
mujer ha venido dejando claro que ahora ellas pueden insultar, pegar y agredir
de múltiples formas, pero el hombre solamente debe callar. El caballero
solamente tiene una salida: olvidarse de su defensa propia, de sus derechos,
callar y retirarse humillado.
5.
Asimismo, las leyes, en general, permiten que
–de acuerdo con el procedimiento policiaco- la mujer denuncie falsamente al
hombre por una agresión inexistente para echarlo de la casa, aunque esa casa
sea propiedad de él, aunque esté a su nombre. Más aún cuando hay hijos, “porque
los hijos son de la madre, no del padre”. Es decir, en este país quien tiene la
patria potestad y se queda con los hijos –aunque ellos imploren lo contrario,
si son menores claro- es la madre, lo que quiere decir que ella tiene derecho a
“desposeer” al hombre de su casa. Una forma muy conveniente, en la actualidad,
para que una mujer inescrupulosa termine apoderándose de los bienes de un
incauto, aunque suene desagradable. Si no hay hijos, el hombre luego tendrá que
realizar un proceso largo de desahucio, y si es alquilada pues simplemente
dejará de pagar el alquiler y romperá el contrato. Uno podría preguntarse, ¿por
qué el hombre no tiene los mismos derechos con sus hijos, por qué no el hombre
preserva su propiedad para criar a sus hijos, más aún cuando se demuestra que
la denuncia de agresión ha sido falsa y la mujer no tiene pruebas? ¿Por qué la
mujer no es quien se va de la casa si es ella quien urge de la separación con
su cónyuge? Yo tengo la respuesta: porque el hombre es el machito, el
fortachón, el caballero, el proveedor, el que puede responder a cualquier
injusticia, porque es hombre, porque es el macho del patriarcalismo. ¿No les
parece una contradicción evidente?
No puedo yo creer ni comprender por qué la aplicación de la justicia tiene que dañar a un inocente para proteger a otro. No se puede entender que solamente por ser hombre se deba cargar con las culpas de nuestros padres o del pasado social de una nación.
La educación ha venido teniendo avances significativos en la creación de nuevos cuadros juveniles de hombres sensibles y respetuosos de la igualdad de género, y posiblemente –no sé si existe alguna estadística al respecto- sean los hombres de generaciones pasadas quienes estén perpetrando crímenes de odio y violencia contra la mujer.
Y no me mal entiendan, siempre lo reafirmo: estoy completamente de acuerdo con la existencia de una Ley de Violencia Doméstica, asumo con toda prontitud la necesidad de una, eficiente y justa, que ayude a evitar la lacra del femicidio y de toda agresión contra la mujer.
No obstante, así como está postulada la actual y como se está aplicando, nos va quedando claro que entramos en el terreno de la discriminación, de la contradicción, del sin sentido y de la injusticia.
No podemos ser intransigentes, tampoco aflojar en la lucha por el respeto y contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Las luchas reivindicativas son indudablemente valiosas, pero no podemos permitir que algunas de esas luchas se vistan de revancha de género, de nuevas formas de injusticia.
Asimismo, este país debe retomar la protección de los
menores y legislar por protegerlos contra padres sin escrúpulos que los usan
para su beneficio, además del reconocido abandono y maltrato. Pero ese ya es
otro tema.
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