jueves, 10 de julio de 2014

Ofelia, la política que nunca debió ser Defensora de los Habitantes

Dicen que el tiempo nos dará la razón, y es cierto. El tiempo me ha dado la razón tanta veces que podría decir que solo el tiempo me quiere y me valora realmente.

Cuando un 15 de diciembre de 2009, un grupo de diputados liberacionistas -para que no nos falte-, acuerpado por turecas y acomodadizos que negocian con la patria, decidió nombrar a Ofelia Taitelbaum como Defensora de los Habitantes, tuve claro que ese acto era el símbolo determinante del exceso y abuso de poder de los Arias en Costa Rica. Fue, digamos, la gota que derramó el vaso.

No viene al caso abundar en las razones que tenía (están aquí) para oponerme a ese nombramiento, pero ese mismo día abrí una página en Facebook para promover una marcha y manifestar el desacuerdo, ahora ya de miles de ticos. En un par de semanas, la página se había convertido en la entidad que organizaba la manifestación y acumulaba más de 2.000 contactos, la gran mayoría gente muy comprometida.

Nos movían el atentado a la democracia y el sano equilibrio de poderes, el anti-Arismo acumulado y la lamentable politización de su nombramiento. Y esas razones eran tan poderosas que según un sondeo en Teletica Canal 7 de aquel momento, el 87% de la gente estaba en desacuerdo con el nombramiento de Taitelbaum (Imagen: una caricatura de Mecho que fue divulgada en aquel momento).

Y el 20 de diciembre se dio la marcha, con tanto éxito y proyección en la prensa que surgieron vulgares amenazas de algunos liberacionistas, como uno de apellido Sansonetti, que expresó en un correo interno del PLN la siguiente belleza: "No nos dejemos y si fuera el caso, armémonos de valor para ir a volar garrote contra aquellos esbirros el 4 de enero para defender a la próxima Defensora de los Habitantes".

Durante varias ediciones estuvimos en la portada de La Nación y fuimos de las noticias más seguidas y leídas en ese medio y muchos otros. La siguiente parada era el 4 de enero y ahí duró el campamento durante una semana, hasta que se agotaron las fuerzas y el ánimo, como esperaba al rechinante nueva Defensora, que muchos calificaban como "Ofensora de los habitantes".

Para mí fue especialmente doloroso que algunos funcionarios de la Defensoría salieron en su defensa -en una reunión que tuvimos con ella y algunos funcionarios- con el criterio de "Dejémosla trabajar y demostrar lo que puede hacer". Confieso ahora que aquello me bajó el ánimo, porque me pregunté ¿qué o a quién estamos entonces defendiendo, si estos acomodadizos les importa poco a quien tienen como jefe? Luego comprendí que aquellos funcionarios solo querían congraciarse con la nueva jefa...

Ofelia fue detestablemente soberbia, cuando dijo: “Si ellos pudieran montar una marchita todos los días, les quedaría muy bien, por la atención que les prestan. Pero yo lo considero gajes del oficio”. Y no era de extrañar, ella había sido diputada en ese mismo gobierno de Arias y su filiación partidista era clara, a ella le importaba poco la oposición popular, ella tenía la mano del todo poderoso sobre su cabeza.

Y don Óscar Arias fue aún más arrogante, escupió entonces: “Yo creía que los males de la democracia se corregían con más democracia, ya no”. Y claro, Arias Sánchez estaba aceptando que el nombramiento de aquella jerarca no era más que una movida clarísima, incluso dictatorial, para controlar OTRO poder de la República, en un Estado donde él había metido tenazas como un pulpo.

Pero la oposición y desprecio del pueblo era grande. Un blog popular en aquel momento, que tenía un concurso de "anti-personaje del año" -el Fusil de Chispas-, puso una votación en la que Taitalbaum ganó merecidamente el galardón.

"La elección de la diputada gobiernista Ofelia Taitelbaum como Defensora de los Habitantes es la más denigrante, estúpida, corrupta e inmoral farsa que este país ha presenciado en no sé cuántas
década", se dejó decir el recien fallecido Alberto Cañas.

Lisbeth Quesada, ex Defensora de los Habitantes, también fue enfática: "Después de la "tomada de pelo" a los y las costarricenses o del "fraude" como dice el Diputado Quirós Lara, el 15 de Diciembre del 2009, quedará en la historia de Costa Rica como un martes negro..."

La oposición era tan grande que hasta liberacionistas consciente aparecieron: "Soy liberacionnista, pero me opongo a este nombramiento tan deliberado y tan sucio!!!", dijo Gabriel Coto Rodríguez.

El 15 de diciembre también abrió el inicio de una nueva posibilidad mediática: las redes sociales podían movilizar cientos y miles de personas para manifestar desacuerdos políticos. La página se convirió en un ícono de esa posibilidad, pero luego el Facebook fue modificado y esto ya nunca más fue posible.

En las marchas los discursos fueron incendiarios, pero siempre había defendido y querido que toda aquella manifestación se mantuviera como una voz de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Era el preámbulo de las elecciones y el entonces candidato Ottón Solís del PAC, así como representantes del Frente Amplio y grupos de presión, como sindicatos y asociaciones, se expresaron en apoyo del movimiento popular que, para enero de 2010, dirigíamos sin formalidad alguna, varias personas.

Los discursos, que les dejo en video, eran bastante claros. La indignación, mayúscula:


Así las cosas, la reelección en abril pasado nos sacó a muchos del olvido, para sorprendernos cómo se cometen en este país tantos y tan graves errores, una y otra vez, desde el engaño del populismo. Ofelia en los últimos meses empezó a hacerse pública en la prensa para lograr los votos de sus opositores defendiendo causas de minorías (fecundación in vitro, homosexuales, entre otros). Una estrategia hábil, es de reconocerse, pero que los diputados cayeran en ella, eso sí me sorprendió, porque incluyó ex-diputados del PAC y hasta fue apoyada, en algún momento, por el Frente Amplio.

La reelección era un gravísimo error y lo dije, nuevamente. Pero nadie escuchó, hasta que Canal 9 un día dio a conocer lo que ahora será investigado y, sin corresponde, investigado.

Por eso, que ahora Ofelia Taitalbaum se vea implicada en esta situación no sorprende, era la crónica de una razón que necesitaba el tiempo para comprobarse. 

Ojalá haya lecciones históricas que sean aprendidas por los diputados. Lo primero es despolitizar este nombramiento, lo segundo es nombrar a alguien por méritos y no por partidismo o amiguismo, pero además -y es lo más importante- la Defensoría de los Habitantes debe someterse a un análisis estricto, en el que se valore para qué sirve realmente, si está ejerciendo una posición importante en esta democracia y cómo, así como estudiar si puede ser mejorada y empoderada para que sus dictámenes puedan tener mayor influencia o efecto en las decisiones políticas de la sociedad, y no que solamente sirva como plataforma para dar unos puestos políticos, a gente muy capaz sin duda, y justificar una aparente defensa del pueblo que no se estaría dando como corresponde.

Lo que nace mal, termina mal. Ofelia Taitelbaum nunca debió ser Defensora de los Habitantes y ya queda confirmado.

martes, 1 de julio de 2014

Pormenores del gran negocio de la contratación amañada con el Estado

Como decimos en Costa Rica, "la vara es así": Usted ocupa que una empresa oferente sea la que brinde el servicio al Estado que USTED necesita, entonces se diseña un cartel de contratación o licitación -en muchos casos abreviada, es decir, de proceso corto y ágil- en el que se ponen unos requisitos a los oferentes, que tienen que ver -se supone- con las cualidades del servicio que se requiere para cumplir con los propósitos que se tienen.

Pero resulta que, curiosamente, esos requisitos solamente los cumple una empresa específica que, naturalmente, coincide una y otra vez con esos requisitos y logra adjudicarse varios millones en contrataciones de este tipo. Así las cosas, sucederá que en la mayoría de, sino todos, los casos, esa empresa siempre participa sola y -según los especialistas-, obviamente gana el contrato.

Ahora bien, si alguna empresa -de repente y de manera sorpresiva- decide participar en la licitación, aún queda otro recurso: la calificación que se da a cada oferente. El cartel permite que se revisen varios puntos en los oferentes -como experiencia, precio, una entrevista y otros aspectos- para sumar una calificación que permita dar una recomendación casi definitiva que termina, al final, dar el gane de la licitación a uno de los candidatos. Lo "curioso" aquí es que la experiencia, con mucha certeza, la tendrá solamente para quien haya sido diseñado el cartel, así como la entrevista y otros "criterios" que se evalúen.

El patrón se repetirá muchas veces, de manera sospechosa, y llegará un momento en que todo es muy evidente, pero perfectamente legal. Tanto así que algunos requisitos serán muy fuertes, como la experiencia, que solamente podrán cumplir quienes hayan sido beneficiados anteriormente, por ejemplo.

Los propósitos pueden ser de orden personal, quizás con suerte responden a objetivos trazados en un programa político o institucional, pero en muchos casos las sospechas apuntan a intereses de grupo, que más allá del interés nacional o institucional, nacen del interés económico de contratantes misteriosos...

Ahora bien, pero ¿podrían ser procesos así manipulados para que legalmente permitan a un jerarca del Estado cumplir con sus objetivos sanamente, dándole contratos a personas o empresas que tienen las mejores condiciones para ofrecer el mejor servicio? ¿O se trata de redes de tráfico de influencias y con intereses grupales ya sea por afinidad familiar, partidaria o gremial?

¿Permiten estas contrataciones "amañadas" o, mejor dicho, claramente manipuladas, pensar en corrupción política? Es un patrón viciado y quienes piensan mal del manejo político no dudarán de culpar a quienes practican estas maniobras con los fondos del Estado. Aún con el beneficio de la duda, habrá que revisar las relaciones entre los oferentes ganadores y los encargados de tomar las decisiones, así como hacer un estudio de patrones, conductas y manejos, para determinar alguna culpabilidad legal.

Este tema ya empezó a efervecer con las denuncias que hicieron las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura sobre licitaciones de las anteriores administraciones, como el caso de una sola oferente que recibió, en los últimos seis años, un total de 1.400 millones de colones -más de 20 licitaciones, la mayoría abreviadas-, en procesos que en su mayoría ganó siendo único competidor e incluso en casos al ofrecer un mayor precio que otros, cuando esos otros se animaron a participar.

En muchos casos, empresas y oferentes ni siquiera participan porque no tienen la información, es decir, nunca se dieron cuenta que podían, y en eso el sistema Comprared es bastante deficiente, sobre todo por la categorización que tiene, en la que le pide a empresas aplicar solamente para unas categorías -confusas por demás- y en otras no, entonces cuando se informa de oportunidades a algunos oferentes, para seguir la Ley y de acuerdo con esas categorías, simplemente los oferentes no pueden cumplir con los requisitos de los carteles.

Ahora bien, hay otro aspecto, muchas de estas contrataciones estatales simplemente no tienen ningún seguimiento, es decir, no hay supervisión de los gastos ni se controla que se cumplan las cláusulas del contrato autorizado. Así las cosas, todo el montaje termina siendo un acto ilegítimo, corrupto, pero que podría ser perfectamente legal. Este caso se da incluso con licitaciones abreviadas con "montos bajos", como 6 o 7 millones de colones, por asesorías que nunca fueron supervisadas o no presentaron informe alguno.

¿Qué puede hacer el Estado para evitar este tipo de maniobras que permite la Ley? ¿Debería el Estado evitar las contrataciones y hacer lo posible con sus funcionarios de planta o establecer sistemas más eficientes y transparentes de contratación? Es una discusión de larga data, pero que retomará la palestra, sin duda, cuando empiecen a salir decenas y centenas de entuertos que este gobierno revelará tarde o temprano.

Por lo pronto, ya el valiente viceministro de Cultura, Alfredo Chavarría, y el nuevo jefe de los programas artísticos de esa cartera -no menos valiente-, Inti Picado, han dado el primer paso, que ha sido acuerpado por la ministra Fonseca. Esta primera investigación del Ministerio Público nos dará luz sobre cómo realmente funciona el asunto en este tema y si se pueden determinar malversaciones de fondos. ¿Habrá penalidades o solamente una colección de actos éticamente dudosos? Ya lo veremos, pero me gustaría conocer su opinión al respecto...
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