martes, 1 de julio de 2014

Pormenores del gran negocio de la contratación amañada con el Estado

Como decimos en Costa Rica, "la vara es así": Usted ocupa que una empresa oferente sea la que brinde el servicio al Estado que USTED necesita, entonces se diseña un cartel de contratación o licitación -en muchos casos abreviada, es decir, de proceso corto y ágil- en el que se ponen unos requisitos a los oferentes, que tienen que ver -se supone- con las cualidades del servicio que se requiere para cumplir con los propósitos que se tienen.

Pero resulta que, curiosamente, esos requisitos solamente los cumple una empresa específica que, naturalmente, coincide una y otra vez con esos requisitos y logra adjudicarse varios millones en contrataciones de este tipo. Así las cosas, sucederá que en la mayoría de, sino todos, los casos, esa empresa siempre participa sola y -según los especialistas-, obviamente gana el contrato.

Ahora bien, si alguna empresa -de repente y de manera sorpresiva- decide participar en la licitación, aún queda otro recurso: la calificación que se da a cada oferente. El cartel permite que se revisen varios puntos en los oferentes -como experiencia, precio, una entrevista y otros aspectos- para sumar una calificación que permita dar una recomendación casi definitiva que termina, al final, dar el gane de la licitación a uno de los candidatos. Lo "curioso" aquí es que la experiencia, con mucha certeza, la tendrá solamente para quien haya sido diseñado el cartel, así como la entrevista y otros "criterios" que se evalúen.

El patrón se repetirá muchas veces, de manera sospechosa, y llegará un momento en que todo es muy evidente, pero perfectamente legal. Tanto así que algunos requisitos serán muy fuertes, como la experiencia, que solamente podrán cumplir quienes hayan sido beneficiados anteriormente, por ejemplo.

Los propósitos pueden ser de orden personal, quizás con suerte responden a objetivos trazados en un programa político o institucional, pero en muchos casos las sospechas apuntan a intereses de grupo, que más allá del interés nacional o institucional, nacen del interés económico de contratantes misteriosos...

Ahora bien, pero ¿podrían ser procesos así manipulados para que legalmente permitan a un jerarca del Estado cumplir con sus objetivos sanamente, dándole contratos a personas o empresas que tienen las mejores condiciones para ofrecer el mejor servicio? ¿O se trata de redes de tráfico de influencias y con intereses grupales ya sea por afinidad familiar, partidaria o gremial?

¿Permiten estas contrataciones "amañadas" o, mejor dicho, claramente manipuladas, pensar en corrupción política? Es un patrón viciado y quienes piensan mal del manejo político no dudarán de culpar a quienes practican estas maniobras con los fondos del Estado. Aún con el beneficio de la duda, habrá que revisar las relaciones entre los oferentes ganadores y los encargados de tomar las decisiones, así como hacer un estudio de patrones, conductas y manejos, para determinar alguna culpabilidad legal.

Este tema ya empezó a efervecer con las denuncias que hicieron las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura sobre licitaciones de las anteriores administraciones, como el caso de una sola oferente que recibió, en los últimos seis años, un total de 1.400 millones de colones -más de 20 licitaciones, la mayoría abreviadas-, en procesos que en su mayoría ganó siendo único competidor e incluso en casos al ofrecer un mayor precio que otros, cuando esos otros se animaron a participar.

En muchos casos, empresas y oferentes ni siquiera participan porque no tienen la información, es decir, nunca se dieron cuenta que podían, y en eso el sistema Comprared es bastante deficiente, sobre todo por la categorización que tiene, en la que le pide a empresas aplicar solamente para unas categorías -confusas por demás- y en otras no, entonces cuando se informa de oportunidades a algunos oferentes, para seguir la Ley y de acuerdo con esas categorías, simplemente los oferentes no pueden cumplir con los requisitos de los carteles.

Ahora bien, hay otro aspecto, muchas de estas contrataciones estatales simplemente no tienen ningún seguimiento, es decir, no hay supervisión de los gastos ni se controla que se cumplan las cláusulas del contrato autorizado. Así las cosas, todo el montaje termina siendo un acto ilegítimo, corrupto, pero que podría ser perfectamente legal. Este caso se da incluso con licitaciones abreviadas con "montos bajos", como 6 o 7 millones de colones, por asesorías que nunca fueron supervisadas o no presentaron informe alguno.

¿Qué puede hacer el Estado para evitar este tipo de maniobras que permite la Ley? ¿Debería el Estado evitar las contrataciones y hacer lo posible con sus funcionarios de planta o establecer sistemas más eficientes y transparentes de contratación? Es una discusión de larga data, pero que retomará la palestra, sin duda, cuando empiecen a salir decenas y centenas de entuertos que este gobierno revelará tarde o temprano.

Por lo pronto, ya el valiente viceministro de Cultura, Alfredo Chavarría, y el nuevo jefe de los programas artísticos de esa cartera -no menos valiente-, Inti Picado, han dado el primer paso, que ha sido acuerpado por la ministra Fonseca. Esta primera investigación del Ministerio Público nos dará luz sobre cómo realmente funciona el asunto en este tema y si se pueden determinar malversaciones de fondos. ¿Habrá penalidades o solamente una colección de actos éticamente dudosos? Ya lo veremos, pero me gustaría conocer su opinión al respecto...

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Considero que así se ha manejo en muchas instituciones públicas. Para darle dinero a familiares y/o amigos. Sabemos que los que tienen el conocimiento y están en esos puestos, saben como manipular las leyes, para que como lo expresaste vos, siendo un acto corrupto e ilegal, se vuelva "legal".
Definitivamente son actos que vemos y nunca podemos hacer nada al respecto.
A mi, particularmente me alegra que se esté dando este paso, porque ya ha sido demasiado descarado el tema, y la mayoría de veces las licitaciones no las haga quien debería ganarlas, sino el amigo, vecino, familiar de quien las hace, y por ende todo se acomoda a ellos, en cuanto a especificaciones.
Bien por los nuevos señores del Ministerio de Cultura, tienen el respaldo de muchísimos artistas!

Sergio Masis dijo...

En efecto hay que dejar que la investigación del Ministerio Público determine si hay actuaciones irregulares. Sin embargo me parece que en cierto sector de la opinión pública se evidencia una contradicción cuando por un lado cuestionan como ilegal que se privilegie la "experiencia" como factor de ponderación en un cartel de contratación, y a la vez, peguen el grito al cielo por la destitución de Pablo Cob quien por su experiencia no debió ser removido dado espacio a nuevas figuras. Procesos como el FIA no pueden dejarse en manos de cualquiera que venga a experimentar. Se hacen siempre contra tiempo y al filo de la cancelación. Además, me resulta tendencioso afirmar que una sola persona se adjudicó 1,400 millones en contrataciones, sin aclarar, que quizá esa no fue su ganancia, sino el dinero que "administró" del cual se pagó recurso humano y material que subcontrató. Como dije, hay que esperar los resultados de la investigación. No vaya a ser que para el próximo FIA nos salga como ahora, que no estaban enterados que era tan complicado sacarlo adelante contratando gente sin experiencia.

Anónimo dijo...

Esos nombres que usted tan irresponsablemente publicó en su sitio culturacr.net, ¿fueron corroborados por su persona?
¿O básicamente su trabajo investigativo se limitó a copiar de otro medio?
Esperemos que caundo se sepa a quienes se está investigando usted, pseudoperiodista irresponsable, presente la debida corrección con los mismos bombos y platillos con los que ha publicado en este blog y en su página web.

Geovanny Debrús Jiménez dijo...

Según el último anónimo, soy un pseudo periodista irresponsable, pero doy la cara y pongo mi nombre, en cambio él se refugia en la cobardía del anonimato para proferir insultos igual de cobardes. Ladran claro, es evidente que esta persona es una de las implicadas y se siente con el guante encima, porque saben que actúan mal con los fondos de todos los costarricenses, porque saben que han vivido fácil gracias a los millones que obtienen de los impuestos de todos nosotros. La corrupción se esconde, cobarde, detrás de todos nosotros.

Entonces, ¿quién es el irresponsable?

Geovanny Debrús Jiménez dijo...

Ah, una cosilla más: yo no soy periodista, soy escritor, comunicador y promotor cultural, además de politólogo y educador, es decir, no me quita nada con ese calificativo. ¿O será que debo tener título para poder escribir y comunicar?

Visitante cualquiera dijo...

Hoy La Nación saco un publicación paresida sobre el tema Ministerio de Cultura con el título Una sola productora concentra 66% de contratos indagados en Ministerio de Cultura: http://www.nacion.com/data/Productora-concentra-contratos-indagados-Cultura_0_1425657426.html

Es de preguntarse, ¿tambien los de la Nación (Mercedes Aguero, Ronny Rojas y Hassel Fallas) son pseudoperiodistas? Cuanto veneno contra la gente honesta que defiende la decencia, no afloje Debrus, mucha gente apoya sus luchas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...